La invasión rusa de Ucrania ha sacado a la luz varios problemas en los programas de ciudadanía por inversión en la Unión Europea. La suspensión de los programas de inmigración por inversión ofrecidos a los ciudadanos de Rusia y Bielorrusia ha presionado a los programas de ciudadanía por inversión de los países de la Unión Europea para que realicen cambios estructurales y globales. Estos programas, según el Parlamento Europeo, socavan la esencia de la ciudadanía europea, que nunca fue concebida para convertirse en una mercancía que se compra y se vende.
Recientemente, el Parlamento de la Unión Europea votó por abrumadora mayoría la prohibición de que los Estados miembros europeos expidan pasaportes dorados a los inversores de alto valor. El Parlamento de la Unión Europea ha calificado esta práctica, sobre todo en Malta, Bulgaria y Chipre, de «parasitismo». Se han aceptado solicitudes incluso cuando no se cumplían los requisitos.
El Parlamento de la Unión Europea también ha introducido normas más estrictas en relación con la emisión de visados dorados para inversores, incluyendo la imposición de restricciones a las empresas o agentes que participan en estos programas y la imposición de una tasa sobre los visados para inversores que se recaudará a nivel de la Unión Europea. El Parlamento de la Unión Europea también ha recomendado una comprobación más estricta de los antecedentes del solicitante, de los miembros de su familia y de las fuentes de fondos de la inversión, con comprobaciones obligatorias en la base de datos de la UE y procedimientos de investigación en terceros países; se exigirá la presentación de informes obligatorios de los Estados miembros que les permitan oponerse; y requisitos de residencia física mínima de los solicitantes con participación y contribución de valor añadido a la economía.
La Comisión Europea todavía tiene que trabajar mucho en una propuesta legislativa sobre estas cuestiones o presentar sus argumentos sobre una decisión de no hacerlo.
Los problemas contra los programas de inmigración por motivos de inversión incluyen los riesgos de seguridad, el blanqueo de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. Estos riesgos se ven agravados por los derechos transfronterizos asociados a la ciudadanía en la Unión Europea.
Sin embargo, la estricta diligencia debida que aplican los programas de ciudadanía por inversión es una garantía de la integridad de cada inversor y debería minimizar los riesgos que tanto preocupan a la Unión Europea. El porcentaje de infracciones también ha sido muy mínimo.
Es dudoso que este nuevo reglamento se apruebe. Es, sobre todo, una violación directa de los derechos del individuo y de la movilidad global. Los países que tienen este programa se han beneficiado mucho económicamente de las inversiones extranjeras con más de 21.800 millones de euros generados en ingresos entre 2011 y 2019.